EL PP PREPARA NUEVA LEY DE MONTES

El borrador de la nueva Ley de Montes presentado a finales de marzo elimina la prohibición de construir en 30 años en los montes quemados.

El borrador de la nueva Ley de Montes contempla la contrucción en los montes públicos quemados. / FOTO: Javier Galán.

JONATHAN MACÍAS MARÍN

http://www.diagonalperiodico.net/global/vender-y-construir-montes-publicos.html

     El pasado mes de marzo el Minis­terio de Miguel Arias Cañete presentó el primer borrador de la Ley de Montes estatal que abre la puerta a la recalificación de los montes públicos que se hayan quemado si las comunidades autónomas consideran que hay un “interés general prevalente”.

     Varios grupos ecologistas ya han advertido que este cambio podría provocar que los incendios sirvan para recalificar y urbanizar el suelo de los montes, alentando, además, a que se produzcan más incendios intencionados. El texto de la Ley de Montes actual, la Ley 43/2003, señala que, tras un incendio, está prohibido recalificar los terrenos de los montes quemados durante un periodo de 30 años.

     Días después de este anuncio de Medio Ambiente se llevaron a cabo varias reuniones entre Begoña Nieto, directora general de Medio Rural, y grupos ecologistas, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Ecologistas en Acción, Green­peace y Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Natu­ra­lesa (GOB), para tratar de llegar a un acuerdo sobre el primer borrador de la reforma de la actual Ley de Montes y en concreto sobre este punto que autorizará la recalificación del suelo quemado.

     Grupos ecologistas denuncian que hasta el momento ninguna ley califica qué es “un interés prevalente” y que esto podría rebajar la protección de los montes en las comunidades autónomas y dar pie para que éstas conviertan los montes en pelotazos urbanísticos bajo el pretexto del desarrollo y los puestos de trabajo.

     Según ha declarado a este periódico Theo Oberhuber, responsable de Parques y portavoz de Ecologis­tas en Acción: “Estamos acostumbrados a que los gobiernos de las comuni­dades autónomas consideren prevalentes usos de cualquier tipo. Cuando necesitan construir una carretera, se expropian los terrenos y se hace un cambio de uso; lo mismo podrán hacer si se aprueba esa reforma de la Ley de Montes”. Lo que se refleja de forma clara en el borrador de la nueva ley es que “con carácter excepcional las comuni­dades podrán acordar el cambio de uso forestal”, dice el documento.

Para el sector maderero

     Por su parte, Greenpeace considera que esta ley obedece a la demanda de algunos sectores como la industria importadora de madera. Según Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de esta organización: “Esta ley se hace a petición de algunos sectores que han estado demandando un cambio. Como los cazadores, el sector maderero y deplantaciones forestales”, apunta.

     Pero eso no es todo. Cañete pretende hacer extensible la venta de Montes Públicos que quiere llevar a cabo su compañera de partido Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Tanto Greenpeace como Ecologis­tas en Acción coinciden en que es posible, además, que al llegar al trámite parlamentario esta ley incluya algún artículo que permita la venta de montes sin dar tiempo a las organizaciones a reaccionar. En este aspecto, Soto señala: “Se podría enmendar la ley y, además, ésa podría ser la idea, porque no hemos conseguido que la directora general de Medio Rural nos diga que está en contra de la venta de montes públicos”.