Días después de este anuncio de Medio Ambiente se llevaron a cabo varias reuniones entre Begoña Nieto, directora general de Medio Rural, y grupos ecologistas, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Ecologistas en Acción, Greenpeace y Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), para tratar de llegar a un acuerdo sobre el primer borrador de la reforma de la actual Ley de Montes y en concreto sobre este punto que autorizará la recalificación del suelo quemado.
Grupos ecologistas denuncian que hasta el momento ninguna ley califica qué es “un interés prevalente” y que esto podría rebajar la protección de los montes en las comunidades autónomas y dar pie para que éstas conviertan los montes en pelotazos urbanísticos bajo el pretexto del desarrollo y los puestos de trabajo.
Según ha declarado a este periódico Theo Oberhuber, responsable de Parques y portavoz de Ecologistas en Acción: “Estamos acostumbrados a que los gobiernos de las comunidades autónomas consideren prevalentes usos de cualquier tipo. Cuando necesitan construir una carretera, se expropian los terrenos y se hace un cambio de uso; lo mismo podrán hacer si se aprueba esa reforma de la Ley de Montes”. Lo que se refleja de forma clara en el borrador de la nueva ley es que “con carácter excepcional las comunidades podrán acordar el cambio de uso forestal”, dice el documento.
Para el sector maderero
Por su parte, Greenpeace considera que esta ley obedece a la demanda de algunos sectores como la industria importadora de madera. Según Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de esta organización: “Esta ley se hace a petición de algunos sectores que han estado demandando un cambio. Como los cazadores, el sector maderero y deplantaciones forestales”, apunta.
Pero eso no es todo. Cañete pretende hacer extensible la venta de Montes Públicos que quiere llevar a cabo su compañera de partido Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción coinciden en que es posible, además, que al llegar al trámite parlamentario esta ley incluya algún artículo que permita la venta de montes sin dar tiempo a las organizaciones a reaccionar. En este aspecto, Soto señala: “Se podría enmendar la ley y, además, ésa podría ser la idea, porque no hemos conseguido que la directora general de Medio Rural nos diga que está en contra de la venta de montes públicos”.
